“Éramos objetos,
carne apta para ser consumida”
Víctimas de redes de trata llevan adelante los primeros
juicios como querellantes en Argentina
MAR CENTENERA
Buenos Aires 29 NOV 2016 -
Anita tenía 10 años cuando su mamá la entregó a su
hermanastro. Él se la llevó de Corrientes, en el norte de Argentina, hasta
Villa Fiorito, en las afueras de Buenos Aires, con la promesa de que podría
estudiar y ganarse la vida cuidando bebés. Pero en su nuevo hogar no había
escuela ni bebés. Le esperaba en cambio un galpón en el que comenzó a ser
explotada sexualmente junto a otra treintena de niñas de su misma edad.
Cuando no eran prostituidas, las menores permanecían
encerradas en el sótano, encadenadas y sin cubiertos con los que comer. Anita
(nombre ficticio, ya que tiene identidad reservada), tenía el privilegio de
vivir en la casa adjunta al galpón por ser parte de la familia, aunque no se
libró de los malos tratos ni de la prostitución forzosa. Fruto de las
relaciones sexuales sin preservativo mantenidas con los clientes, se quedó
embarazada dos veces y fue sometida a abortos clandestinos. Nunca aceptó su
cautiverio y se intentó escapar en reiteradas ocasiones de ese infierno. A la
tercera lo consiguió. Ahora, con 20 años, ha llevado ante la Justicia a sus
captores -su hermanastro Manuel Quintana y su esposa, Blanca Gerez- y está a la
espera de la sentencia, que llegará el próximo mes.
Alika Kinan, de víctima de trata a activista por los
derechos de la mujer.
Nieta e hija de mujeres prostituidas, Alika Kinan se metió en
la boca del lobo en la adolescencia. A los 19 años, convencida por una conocida
de que existía la oportunidad de "ganar buena plata" gracias a los
dólares con los que pagaban las tripulaciones de los pesqueros extranjeros,
aceptó viajar a Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Una vez allí, le
retuvieron la documentación y tuvo que pagar un plan de deudas imposible de
saldar entre billetes, alojamiento, comida y multas por ausentismo y demoras.
"Si el cliente se quejaba, le devolvían la plata y nos la descontaban a
nosotras", recuerda en una entrevista telefónica desde Ushuaia. La
explotación sexual se prolongó durante más de 15 años, hasta que fue rescatada
en 2012 junto a otras seis víctimas de trata durante un allanamiento en el
cabaret Sheik.
Con 40 años y madre de seis hijos, Kinan ha llevado a juicio
a los dueños del local y espera una sentencia inminente. También demanda al
Estado, al que considera responsable de facilitar el funcionamiento de la red
de trata. "Una parte del Estado fue cómplice. La Municipalidad cobraba
impuestos a los prostíbulos y expedía una libreta sanitaria que incluía exudado
vaginal y test de HIV que mostraba que éramos objetos, carne apta para ser
consumida", dice. Los dueños del cabaret, Pedro Montoya e Ivana García,
contaban también con protección policial, añade la querellante.
En Argentina hay 380 personas condenadas por trata, pero
Anita y Alika Kinan son las dos primeras víctimas en impulsar querellas por
este delito y además de la condena penal exigen una reparación económica.
Comparten también su procedencia de familias vulnerables. "El sistema
prostibulario en el que se da la trata necesita de una mujer pobre para
existir", expone a EL PAíS el titular de la Procuraduría de Trata y
Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo.
Anita había sido maltratada y abusada por las distintas
parejas de su madre antes de caer en la red de trata de su hermanastro.
Quintana y Gerez la obligaron también a actuar como carnada para otras niñas
que iban a buscar al norte del país, en especial a Chaco y Formosa. Prometían a
los padres que les darían trabajo y estos las entregaban a cambio de una suma
de dinero. "Para la red de trata es una situación perfecta porque nadie
está pidiendo por ellas, los padres no denuncian su desaparición", apunta
la abogada de Anita, Laura Selene Chaves Luna, quien reveló el caso primero al
portal Cosecha Roja. "Es un sistema perverso que deja sin salida a esa
persona para que pueda tener un reclamo y un acceso a justicia", agrega Colombo.
No se trata de un ejemplo aislado sino de una práctica tan común que en la Ley
de trata de personas aprobada en 2008 está penada "la recepción de dinero
de una persona mayor de edad que pueda tener ascendencia sobre la
víctima", indica el fiscal.
Rastrear el dinero
del crimen organizado
Demostrar la connivencia del crimen organizado con las
instituciones es uno de los caballos de batalla del Protex. "El 7% de los
condenados por trata son funcionarios públicos", señala. En algunas causas
penales se logra condenar "al primer anillo de protección, los inspectores
y policías", pero es más complicado llegar más arriba. "Hay
intendentes de localidades que protegen abiertamente a los prostíbulos",
afirma. Otro de los objetivos es rastrear el dinero que mueven las redes de trata,
decomisar y expropiar sus bienes y subastarlos para entregarlos a víctimas y
organizaciones de ayuda a víctimas de trata.
Kinan pelea para que se haga justicia, pero también por
todas las mujeres cautivas en redes criminales que, como ocurrió en su caso, no
se reconocen como víctimas. "Yo pensaba que la trata de personas era el
secuestro con la camioneta, que las chicas eran secuestradas y drogadas con
sonda. Hay casos así, pero son los menos. La realidad mayoritaria de la trata
es otra. Muchas chicas llegan engañadas y vienen de situaciones de extrema
vulnerabilidad", describe la querellante. Gracias al apoyo de psicólogos,
activistas de los derechos de la mujer y a la lectura de la Ley de Trata, Kinan
se dio cuenta de que ella había sido víctima de ese delito, decidió denunciar a
sus captores y creó el Instituto de Género Sapa Kippa, que asesora a mujeres
que han pasado por la misma situación.
Anita desea también que se haga justicia, pero lamenta no
haber podido ayudar a las otras chicas, que no quisieron o se atrevieron a
escaparse con ella y de las que no ha vuelto a saber nada desde entonces.
"Si la Justicia hubiese actuado antes, las hubiese encontrado. Yo para que
se haga justicia he tenido que esperar diez años", declaró, a punto de
romper a llorar, ante el Tribunal Oral en lo Federal 5 de Buenos Aires. A la
espera de conocer las sentencias, las dos luchan para rehacer sus vidas.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/29/argentina/1480449190_631341.html
